La
huelga indefinida de los servicios de limpieza y jardinería de
Madrid está dejando la capital con un aspecto lamentable, las
empresas adjudicatarias de dichos servicios han decidido hacer un ERE
lo que supondría dejar en la calle a unos 1.100 trabajadores.
El
pasado 1 de agosto entró en vigor un nuevo contrato entre el
ayuntamiento y las empresas adjudicatarias de la concesión (OHL,
Cespa, Sacyr y FCC), en función del cual el consistorio pagaría un
16% menos por el mismo trabajo. La reacción del grupo empresarial
fue despedir, 350 empleados en agosto y ahora el ERE, además, según
los sindicatos bajadas de sueldo en torno al 43%.
Conclusión;
más servicios públicos precarios. Menos trabajadores, peor pagados,
para mantener la limpieza en la capital de España. Háganse una
idea; quitando las calles más «ricas» de los distritos más
influyentes el resto de la ciudad estará como ahora: sucia y
maloliente. Y será el momento de decirnos a los madrileños que
tenemos unas calles «por
encima de nuestras posibilidades»
(¿les suena?) y que la única gran solución será que; el que
quiera limpieza, que se la pague de su bolsillo. Neoliberalismo puro
y duro.
Los
madrileños en materia de mantenimiento de la ciudad pagamos
muchísimo dinero en impuestos a las arcas municipales, dinero que
debería ir a financiar estos servicios. Pero el Ayuntamiento cada
vez recorta más y más. ¿a dónde va nuestro dinero? A los
servicios públicos no.
El
responsable de mantener la ciudad limpia, todas sus calles, desde la
más importante a la más humilde no es otro que el ayuntamiento de
Madrid, es decir; Ana Botella y su equipo de gobierno. Pero la
alcaldesa cada vez que hay un problema grave en la ciudad, sale de
ella. La semana pasada al comienzo de la huelga Ana Botella decidió
irse a Berlín, a un «sarao», cuando su responsabilidad como
regidora estaba en defender los servicios públicos y los derechos de
los madrileños.
Botella
tiene potestad para exigir al grupo empresarial que mantenga la
ciudad limpia y en caso contrario sancionar duramente con multas
económicas o incluso la rescisión del contrato al grupo
adjudicatario. Lejos de eso, declara que es un conflicto ajeno al
ayuntamiento entre el grupo privado y sus trabajadores, y se muestra
veladamente en favor del grupo empresarial aumentando la presión
policial sobre los huelguistas.
Aguantar
en las calles la suciedad y los malos olores unos días para evitar
unos servicios de limpieza precarios me parece un precio bastante más
asequible que los impuestos que la alcaldesa de Madrid nos hace pagar
por nada.
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